LEY BASES ¿CAPÍTULO FINAL?
LETRA CHICA Análisis, información y datos para entender la política.
¡Hola! ¿Cómo están? Un placer saludarlos nuevamente. Soy Felipe Berardo y esta vez tengo el privilegio de escribir Letra Chica junto a Facundo Guzmán. En esta ocasión, vamos a ofrecer nuestro análisis sobre el reciente "remake" de la ley bases que obtuvo media sanción el pasado martes en la cámara de diputados.
Ante todo me gustaría retomar dos preguntas planteadas en ediciones anteriores. La primera, ¿saldrá la ley ómnibus de la Cámara Baja o surgirá una "ley combi" tras ser desmantelada? Y la segunda, ¿están los legisladores a la altura del debate?
Comencemos con la primera cuestión. Inicialmente, el gobierno presentó una ley ambiciosa de 664 artículos, abordando diversos intereses de sectores clave para el país, desde la industria petrolera hasta el sector agrícola, desde pequeños productores hasta grandes empresas. Esta propuesta fue conocida como la "ley ómnibus". A pesar de obtener aprobación inicial en general, durante la votación particular fue desmantelada por los bloques "dialoguistas", llevando al gobierno a retirar la sesión sin lograr la aprobación. Con el tiempo, el gobierno aprendió de sus errores y, con una estrategia política más efectiva, logró consensuar una versión más reducida de la ley, aunque con algunas victorias, como la reintroducción de la cuarta categoría de ganancias y una ligera reforma laboral. La versión final, que obtuvo media sanción, consta de 232 artículos, lo que representa un paso adelante para el gobierno, aunque significativamente menos ambicioso que la propuesta inicial.
Cómo bien planteaba Felipe el gobierno necesitó negociar, la versión “superadora” pero bastante resumida de esta nueva Ley, tiene varios cambios esenciales que son necesarios destacar, es por eso que para sumar a esta edición traigo algunas claves sobre las principales cuestiones que hoy forman parte de esta Ley Ómnibus remasterizada.
La Reforma Laboral es un tema de gran relevancia. Aunque el nuevo proyecto es más opaco, mantiene la esencia de la ley ómnibus original que no prosperó en febrero. El gobierno ha hablado de una “modernización laboral”, con un enfoque particular en los cambios en el período de prueba. El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados extiende este período de 3 a 6 meses para empresas con más de 100 empleados, de 8 meses para PyMES con 6 a 99 empleados, y de un año para minipymes con hasta 5 empleados. Además, se propone la derogación de las multas para las empresas que tengan trabajadores no registrados. Esto tiene como objetivo avanzar en la eliminación de la tan mencionada “industria” de los juicios laborales, ya que las multas son actualmente un elemento clave en las demandas judiciales impulsadas por los trabajadores en casos de despidos sin causa.
En cuanto a las Indemnizaciones, la Ley Bases propone la implementación de un fondo de cese laboral optativo. El modelo propuesto es similar al que rige en la UOCRA, el sindicato de trabajadores de la construcción, donde existe un fondo de desempleo en el que el empleador deposita una parte del salario del trabajador en una cuenta bancaria para que esté disponible una vez que se termina la relación laboral. El proyecto de ley establece que el fondo de cese será con un aporte de hasta el 8% de las remuneraciones. Otro cambio importante en el texto original es la eliminación del artículo que preveía penas de 6 meses a tres años de cárcel para quienes bloquean las empresas en el marco de reclamos laborales.
En cuanto a las Privatizaciones, con menos apoyo en comparación al proyecto original, la Cámara de Diputados aprobó una serie de privatizaciones en una votación capítulo por capítulo. La nueva lista de privatizaciones incluye:
Aerolíneas Argentinas SA
Energía Argentina SA
Radio y Televisión Argentina SE
Intercargo SAU
Además, se propone la venta parcial de dos empresas importantes en sectores clave de la economía argentina:
Nucleoeléctrica Argentina SA
Yacimientos Carboníferos de Río Turbio
Finalmente, se establece una serie de empresas que serán concesionadas por firmas privadas:
Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA)
Correo Oficial de la República Argentina SA
Belgrano Cargas y Logística SA
Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE)
Corredores Viales SA
Dentro del paquete fiscal, se busca volver al Impuesto a las Ganancias anteriormente derogada durante la campaña electoral del 2023 por el gobierno de Alberto Fernández y liderado por el entonces candidato Sergio Massa, como medida de alivio fiscal pero que comprometía negativamente a las provincias, y donde el propio Javier Milei quien, como diputado, votó por la derogación mientras prometía en campaña que se cortaría un brazo antes de subir un impuesto. La normativa pone en revisión el impuesto en la cuarta categoría, cuyo mínimo no imponible estaría en $1.800.000 para trabajadores solteros y $2.200.000 para casados con hijos. Esta puede verse como la principal victoria para las provincias sumado al capítulo del Tabaco.
El gobierno también plantea un Nuevo Blanqueo por activos de hasta USD 100.000. Sobre este total, no se aplicará ninguna alícuota. Para los que superen este total, habrá descuentos progresivos del 5%, 10% y 15%. También, bajo ciertas condiciones, se podrá pagar la alícuota 0% blanqueando montos mayores a USD 100.000. No fueron pocos los dirigentes opositores que alertaron que este aspecto podría favorecer el blanqueo de activos provenientes de actividades ilícitas, como el narcotráfico.
En paralelo a las privatizaciones, y de la mano de una búsqueda de una economía dirigida a potenciar sectores como el agro, la minería y los hidrocarburos, el Gobierno plantea un Nuevo Régimen de Inversiones con una serie de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de inversión que superen los USD 200 millones. El proyecto contempla una serie de beneficios impositivos como amortizaciones del impuesto a las Ganancias sobre bienes muebles fabricados o importados, destinados al proyecto. Estos últimos beneficios pueden acarrear futuros problemas porque una empresa que puede importar bienes de maquinaría a menor costo generaría una competencia desleal frente a las empresas radicadas en el país que tienen menor tecnología y para importarla mayores costos.
Por último tenemos que mencionar la nueva normativa que avanza sobre el Empleo Público, donde se buscará profundizar los recortes y despidos a la administración pública, uno de los ejes principales del gobierno. A la par que se dispone que a los trabajadores públicos que participen de huelgas se les descuente el proporcional por las horas no trabajadas, la ley establece que aquellos funcionarios de organismos que sean eliminados serán pasados a disponibilidad por hasta un año y que sean despedidos si no consiguen otro puesto.
Frente a las nuevas medidas y en medio de una recesión económica severa, cuya magnitud se refleja en la disminución de los ingresos fiscales vinculados a la actividad económica y al consumo interno (IVA), así como al empleo (contribuciones de seguridad social), las perspectivas de una rápida recuperación parecen desvanecerse ante los indicadores de consumo. El Gobierno busca reactivar la economía a través de la oferta, en un contexto donde los precios caen debido a la disminución del consumo y la capacidad de ahorro es cada vez menor. Sin embargo, la inversión privada, que podría impulsar la reactivación, parece poco probable en un escenario donde las obras no generan beneficios económicos directos.
Es fundamental brindar a cada gobierno las herramientas que considere necesarias para llevar adelante su proyecto político, pero necesariamente consensuadas para que no perjudiquen a los sectores más desfavorecidos, manteniendo los principios federales y democráticos de Argentina. Aunque el objetivo final sea la recuperación económica, nos preguntamos ¿de qué sirve una economía estable si las personas no tienen poder adquisitivo y las provincias se empobrecen y se ven obligadas a endeudarse?
Por último vamos a retomar, la segunda pregunta que nos hicimos al principio, en donde se vio un cambio de actitud del gobierno haciendo un esfuerzo por generar consensos, especialmente después del revés sufrido con la primera versión de la ley bases. Desde marzo, se observa un trabajo silencioso entre los representantes del gobierno, especialmente Karina Milei, Guillermo Francos y Santiago Caputo, y los líderes de los bloques considerados "dialoguistas", lo que condujo a una ley de concesiones en la que el gobierno tuvo que ceder en varios puntos controvertidos. Esto podría considerarse una pequeña victoria, aunque el verdadero desafío estará en el Senado. Queda por verse si este proceso de negociación continuará o si surgirán nuevos obstáculos.
En conclusión, ¿estamos ante la calma que precede a la tormenta? ¿O nos enfrentaremos, en caso de aprobación, a un escenario donde las bases de apoyo al proyecto político de Javier Milei cobren relevancia? Con varios escenarios políticos posibles, es seguro que la “rosca” política estará más intensa que nunca.
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